El documento se inicia con una introducción referente al contexto que ha suscitado el debate en torno al problema de las intervenciones militares y hace mención a conflictos recientes como los de Somalia, Bosnia-Herzegovia y Kosovo.

Desde la creación del CMI, en Amsterdam, en 1948, durante el período de la postguerra, las iglesias han discutido la cuestión del conflicto armado y el dilema entre aceptarlo o rechazarlo, incluso en situaciones límites. El debate de estos temas en el marco del movimiento ecuménico ha introducido el riesgo de la división, pues existen diferentes perspectivas teológicas en las iglesias miembros acerca de los temas concernientes a la violencia y la no-violencia. En el peregrinaje ecuménico, muchas han sido las consultas, reuniones del Comité Central y Asambleas, que han presentado el tema para ser debatido. De manera especial, con el fin de la Guerra Fría, y la irrupción de ciertos conflictos, el tema ha cobrado mayor importancia en el marco del CMI.

El documento recién aprobado, sugiere que en lugar de utilizar la expresión "intervención humanitaria", se use como alternativa "protección de la población en peligro en las situaciones de violencia armada". El mismo, contiene además una panorámica del contexto histórico-social en que se basa, y presenta una perspectiva cristiana acerca de la necesidad del establecimiento de una paz justa. Sobre este último aspecto, el texto enfatiza en el imperativo bíblico de establecer una paz justa basada en el compromiso y la reconciliación, así como en la obligación por parte de los gobiernos de garantizar la protección de sus poblaciones, a la vez que critica la actitud de países y grupos de países que provocan la devastación y el sufrimiento de naciones enteras, e insiste también en el papel que debe desempeñar la Organización de las Naciones Unidas al concertar una respuesta multilateral adecuada a la hora de intervenir en situaciones de conflictos.

En otra parte del documento, se reconocen la ambigüedad al establecer un criterio sobre la utilización o no de las armas, pues hay cristianos que exigen la oposición a su uso, mientras que otros consideran que para la protección de la vida humana, en ocasiones extremas, es necesario acudir a este recurso.

En el marco del Decenio para Superar la violencia, el CMI se propone realizar un estudio mucho más profundo sobre estas cuestiones con el fin de provocar el diálogo con las iglesias y con quienes trabajan por establecer marcos internacionales claros y eficaces que permitan a las poblaciones víctimas recibir la protección indispensable para salvar sus vidas a tiempo.

Por otro lado, estableció algunas consideraciones y criterios relativos a la protección de poblaciones en peligro, en medio de situaciones de violencia armada. Sobre este aspecto el documento apunta que "la violencia armada entraña el riesgo de provocar más violencia que puede agravar los sufrimientos de la población afectada", a la vez que indica que "la incapacidad de tomar medidas oportunas y rápidas, incluido el empleo de las armas en legítima defensa en ciertas crisis graves, puede conducir también a mayores pérdidas de muchas vidas humanas y a daños irreparables".

"La comunidad internacional dispone entonces de una amplia gama de instrumentos de derechos humanos que le permiten actuar antes de una intervención material a la que sólo deberá recurrirse en circunstancias extremadamente graves y extraordinarias cuando sea necesario para rescatar y proteger personas en peligro grave", expresa el documento.

El texto, incluye también una serie de criterios y cuestionamientos, como por ejemplo en qué momento puede autorizarse una acción para proteger a la población, quién puede intervenir, qué formas de intervención pueden justificarse y quién supervisa el cumplimiento. Además se refiere a la labor de las iglesias en la protección de la población en peligro en situaciones de violencia armada, destacando que "las iglesias tienen un papel fundamental que desempeñar en todas sus fases".

Algunas de las tareas que el documento señala a las iglesias son: el ofrecer una alerta del peligro potencial que sufre la población civil, actuar a favor de la paz y la reconciliación, apoyar a las mujeres, los hombres y niños en peligro y apoyar en la ayuda humanitaria y en las tareas de rehabilitación y reconstrucción, entre otras. Además las iglesias serán consultadas "por los organismos de cooperación en todas las fases, para determinar cuáles son las medidas de apoyo de la comunidad ecuménica necesarias ".

Por último, el documento, que será para estudio y reflexión, concluye instando a las iglesias que atraviesan situaciones de conflicto a mantener contacto con los niveles regional y mundial para cooperar "en las acciones que han de emprenderse siempre que sea posible con otras comunidades y agentes de la sociedad civil".

Fotos del Comité central