A continuación el texto completo de la intervención oral de Monseñor Álvaro Ramazzini, obispo de la Diócesis de San Marcos, Proyecto Interdiocesano REMHI- Recuperación de la Memoria Histórica, el 6 de abril, en nombre de la Comisión de las Iglesias para Asuntos Internacionales del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), con ocasión del 57° período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.:"

Sr. Presidente:
Las organizaciones de la sociedad guatemalteca involucradas en la defensa de los derechos humanos, la justicia y la seguridad, queremos resaltar la necesidad de luchar contra la impunidad y fortalecer la justicia, en especial en aquellos países donde la población es acosada por las violaciones a los derechos humanos, no esclarecidas ni juzgadas; y donde es sojuzgada por la crueldad que provocan el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia generalizada.

Uno de estos países es Guatemala. Reconocemos los esfuerzos que realizan algunas autoridades por mantener vigentes los procesos de cambio iniciados tras la firma de la paz, en 1996, especialmente en los temas relacionados con la justicia. Sin embargo, en el contexto general del país - caracterizado por la inestabilidad política y la falta de gobernabilidad - estos esfuerzos resultan insuficientes. A esto se suma la renuencia a las transformaciones democráticas y la falta de voluntad política.

Un caso concreto es el relativo a la independencia judicial, la falta de certeza jurídica y de confianza en la administración de justicia. La situación de amenazas, hostigamiento y ataques mortales contra autoridades y funcionarios del sector justicia, han aumentado de manera ostensible en el año 2001 respecto de los índices notificados en años pasados. En tan sólo dos meses del presente año se han notificado el linchamiento de un juez, dos ataques armados contra la presidenta de la Corte de Constitucionalidad y la jueza del caso Gerardi, así como seis casos de amenazas en contra de jueces. Esto nos hace prever que podríamos concluir este año en un ambiente de mayor zozobra y temor."

Es evidente que Guatemala afronta un nuevo tipo de violencia que se orienta a vulnerar la independencia de los jueces, obstruir la justicia y generar más impunidad; a la vez que impide que la justicia sea administrada en un ambiente seguro y confiable.

La existencia de esta situación no es desconocida para esta Comisión, pues en el 56° período de sesiones fueron presentados el informe y las recomendaciones del Relator Especial sobre Independencia de Jueces y Abogados, Sr. Param Cumaraswamy. El Estado de Guatemala asumió ante ustedes el compromiso de atender el informe y las recomendaciones del Relator, pero hasta la fecha el Estado solamente ha cumplido dos de las 32 recomendaciones presentadas por el Sr. Relator.

En materia de derechos humanos observamos un deterioro significativo reflejado en los numerosos casos de abuso policial y en el ataque sistemático contra las organizaciones de derechos humanos, mediante amenazas, hostigamiento, allanamientos ilegales y robo de documentos relacionados con crímenes de lesa humanidad.

El conjunto de derechos relativos a la libertad de opinión, expresión e información atraviesa también por momentos de tensión a causa de la intolerancia política a toda crítica, así como por el ataque y las campañas de desprestigio desatadas en contra de algunos periodistas y medios de comunicación independientes. En las últimas semanas se ha informado acerca de amenazas y agresiones físicas contra seis periodistas.

Es necesario crear condiciones favorables para superar los problemas que nos han distanciado como seres humanos pertenecientes a una misma Nación. En apoyo a los avances en los temas mencionados, solicitamos el respaldo de la comunidad internacional, concretamente de esta Comisión, para que alienten al Estado de Guatemala a reafirmar sus compromisos y llevarlos a la práctica.

Concretamente, pedimos la reapertura de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Guatemala, con un mandato que le permita acompañar los esfuerzos nacionales en la búsqueda de condiciones propicias para el respeto de los derechos y las libertades del ser humano. Asimismo, solicitamos que el Relator Especial sobre Independencia de Jueces y Abogados retorne a Guatemala para verificar la situación actual del sistema de justicia, y evalúe en el terreno el nivel de cumplimiento de sus recomendaciones.

Consideramos que la situación de los derechos humanos requiere que la Representante Especial sobre Defensores de los Derechos Humanos tome conocimiento de los hechos acaecidos durante el último año; y que la oficina del Relator sobre Libertad de Opinión y Expresión dirija su atención a la situación de tensión que viven los periodistas y los medios de comunicación independientes.