Consejo Mundial de Iglesias
COMITÉ CENTRAL
Potsdam, Alemania
29 de enero - 6 de febrero 2001
Documento No. PI 6.2


Aprobado

TERCER INFORME DEL COMITE DE CUESTIONES DE ACTUALLIDAD

El Comité de Cuestiones de Actualidad expresa su agradecimiento a los miembros del Comité Central por sus propuestas, asesoramiento y cooperación en relación con las siguientes medidas que se presentan para examen y decisión. A fin de facilitar los trabajos de esta plenaria final dedicada a cuestiones de actualidad hemos distribuido el documento PI 6.1 para examen y comentario. Hemos examinado todas las respuestas recibidas y modificado el proyecto de documento para incluir algunas de las sugerencias.

Con fines de información señalamos al Comité Central que:

MEDIDAS EN RELACIÓN CON CUESTIONES DE ACTUALIDAD RECOMENDADAS POR EL COMITÉ EJECUTIVO

I. Declaración sobre la Situación en el Sudán

Antecedentes Hace más de tres decenios que el conflicto del Sudán figura en el programa ecuménico. Las raíces del conflicto se hunden en la historia de la esclavitud y el colonialismo, y se remontan a 1956 cuando el país se independizó de Gran Bretaña. Sin embargo, la situación se ha hecho hoy mucho más compleja que cuando empezó el conflicto, hace casi treinta años. Las principales causas de este conflicto son las siguientes:

2. A partir de 1971, el CMI, en cooperación con la Conferencia de Iglesias de toda el Africa (AACC) ha participado activamente en los esfuerzos de mediación entre el Movimiento Independentista del Sudán Meridional y el Gobierno de Sudán que condujo al Acuerdo de Paz de Addis Abeba de 1972. Ese acuerdo llevó a una suspensión de las hostilidades y a una reforma del Gobierno de un Sudán unido, pero acabó no cumpliéndose, con lo que se desencadenó una nueva guerra civil. 3. En vista de la nueva intensificación de los combates, el Comité Central del CMI aprobó una nota sobre el Sudán en agosto de 1992 en la que expresaba su preocupación por la situación en el Sur, el Este y el Oeste del Sudán, que había dado lugar al desplazamiento de millares de civiles, entre los había muchos niños. La nota hacía un llamamiento a las Naciones Unidas para que promovieran el alto al fuego en el Sudán Meridional y a la desmovilización de las tropas, así como a la reanudación de las negociaciones de Abuja, que se hallaban en un punto muerto. El Comité Central reafirmaba la necesidad de que el CMI permaneciera en contacto con las partes en el conflicto para promover una paz justa y duradera.

4. De nuevo en septiembre de 1997, el Comité Central aprobó una Declaración sobre el Sudán, en la que se congratulaba por la posición común adoptada por los dirigentes de iglesia del Norte y el Sur del país en su documento: "Here we stand United in Action for Peace” (Henos aquí unidos en favor de la paz). El documento exigía el fin de la guerra y la iniciación de un diálogo por la paz entre las facciones armadas del Sur y entre éstas y el Gobierno del Sudán. El Comité Central pedía encarecidamente a todas las partes, a sus partidarios del extranjero y a los que intentaban ayudar al logro de una paz negociada que apoyaran la reanudación del proceso de paz del IGAD, cooperaran en él, y situaran sus diversas iniciativas en el marco de los principios del IGAD.

5. Las iglesias sudanesas no han cejado en sus esfuerzos para promover la paz a todos los niveles. El nuevo Consejo de Iglesias del Sudán ha emprendido un considerable esfuerzo innovador en esa dirección, mediante la celebración de una serie de conferencias de paz de pueblo a pueblo en el Sudán Meridional. Se han resuelto así una serie de conflictos étnicos y comunales y se ha llevado la esperanza y la estabilidad a algunas de las zonas más afectadas por las hostilidades. El Consejo de Iglesias del Sudán, con base en Jartún, ha elaborado además un programa de actividades en favor de la paz a nivel de la base, especialmente entre las mujeres y los jóvenes.

6. A nivel regional, el Proceso de Paz del IGAD - del que se esperaba mucho y había suscitado al principio grandes esperanzas, gracias a la adopción de la Declaración de Principios por las Partes en el Conflicto - presenta ahora señales de estancamiento, pese a los abnegados esfuerzos de la Secretaría del IGAD, así como de los Estados del Norte miembros del Foro de participantes del IGAD, para canalizar las negociaciones. Estos esfuerzos no han sido suficientes para eliminar el obstáculo principal en el camino de la negociación, a saber, la resistencia del Gobierno del Sudán a aceptar los principios de separación de la religión y el Estado y a aplicar en su totalidad la Declaración de Principios del IGAD. La impaciencia producida por el lento progreso de las negociaciones ha suscitado nuevas e insistentes reclamaciones de la población del Sur y de sus iglesias en favor de la libre determinación y la independencia respecto del Norte.

7. La situación actual. En los últimos años del decenio de 1990, las prospecciones de petróleo emprendidas por el Gobierno en el Sudán Meridional, en cooperación con compañías petroleras occidentales y asiáticas, dieron por resultado la producción de unos 150.000 barriles diarios en el Alto Nilo. La producción de petróleo ha contribuido a la escalada del conflicto y ha endurecido la determinación del Gobierno del Sudán de buscar una solución militar al conflicto. Las iglesias del Sudán, junto con organizaciones ecuménicas del extranjero, han pedido que se proceda a un reparto justo de los recursos petroleros, y que se utilicen los ingresos de la venta de petróleo para mejorar la situación de la población y no para promover el esfuerzo de guerra mediante la compra de armamentos perfeccionados.

8. Desde que empezó la guerra en el Sudan Meridional, el Gobierno del Sudán ha utilizado la fuerza aérea. Sin embargo, los recientes bombardeos aéreos a elevada altitud han tomado como blanco la población civil y han ocasionado un número cada vez mayor de muertes. Zonas densamente pobladas como Kotibe y Lui han sido bombardeadas reiteradamente, con las consiguientes pérdidas de vidas humanas y destrucción material. Uno de esos bombardeos, contra la ciudad en la que reside el obispo Paride, ocurrido poco después de su intervención en la Octava Asamblea del CMI en Harare, fue objeto inmediatamente de una enérgica protesta de los representantes del CMI al Gobierno del Sudán, por conducto de su embajada en Zimbabwe.

9. Los bombardeos incesantes han aumentado el sufrimiento de la población atrapada en un conflicto aparentemente sin fin. Las incursiones de bombardeo no han respetado las ONG dedicadas a operaciones humanitarias de socorro, varios de cuyos aviones fueron destruidos. Esos ataques aéreos terminaron por atraer la atención internacional y, después de una intervención del Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, fueron suspendidos durante algún tiempo a mediados del año pasado, pero se reanudaron después con ánimo de venganza. El 29 de diciembre de 2000, las fuerzas aéreas sudanesas bombardearon la catedral de la Iglesia Episcopal de Lui, provincia de Ecuatoria, y la destruyeron por completo. Las incursiones continúan con la misma intensidad y causan muchas bajas.

10. El Comité Central del Consejo Mundial de Iglesias, reunido en Berlín, del 29 de enero al 6 de febrero de 2001, profundamente consciente del insoportable sufrimiento de la población del Sudán, sobre todo la población del Sur, debido a más de treinta años de guerra civil:

10.1 hace un llamamiento al Gobierno del Sudán para que haga cesar inmediatamente los bombardeos de los objetivos civiles del Sudán Meridional, las montañas de Nuba, el Nilo Azul Meridional y otras zonas marginadas, y para que se atenga al derecho internacional;

10.2 hace un llamamiento para que se establezca un espacio aéreo cerrado en esas zonas, excepto en lo que respecta al acceso protegido de aeronaves que transportan suministros humanitarios;

10.3 exhorta al Gobierno del Sudán, al Movimiento de Liberación del Pueblo del Sudán y otras partes beligerantes a que respeten el Convenio de Ginebra y a que permitan a observadores independientes vigilar la situación.

10.4 recuerda al Gobierno del Sudán su obligación de garantizar la seguridad de todos sus ciudadanos tanto en el Norte como en el Sur;

10.5 toma nota con preocupación de que los ingresos derivados del petróleo que obtiene el Gobierno del Sudán se desvían a sus esfuerzos de guerra y contribuyen a la progresión de la lucha en el Sudán Meridional, en lugar de ser utilizados para atender las necesidades urgentes de la población afectada por las hostilidades;

10.6 pide a las iglesias miembros que realicen esfuerzos de presión y defensa ante los gobiernos y compañías petroleras basadas en sus países para que interrumpan las prospecciones y el desarrollo de instalaciones petroleras en el Sudán Meridional hasta que se llegue a un acuerdo de paz entre las partes;

10.7 reitera su convicción de que toda paz duradera en el Sudán debe ser negociada con el apoyo de los otros Estados de la región mediante el proceso de paz del IGAD y la Declaración de Principios que se enuncia a continuación;

10.8 reafirma a las iglesias del Sudán que pueden contar con el apoyo permanente y las oraciones del Consejo Mundial de Iglesias en sus esfuerzos de paz;

10.9 hace un llamamiento a las iglesias miembros del CMI para que intensifiquen sus esfuerzos a fin de alentar y apoyar la justa iniciativa de paz del Consejo de Iglesias del Sudán y del Nuevo Consejo de Iglesias del Sudán; y

10.10 exhorta a las iglesias y a los organismos relacionados con las iglesias a que continúen proporcionando el necesario apoyo humanitario al Sudán para atender a las necesidades de los refugiados y personas desplazadas, personas en situaciones desesperadas de pobreza, y víctimas de la guerra, sobre todo los discapacitados como consecuencia de las heridas sufridas en la guerra, las minas y los bombardeos.


RECOMENDACIÓN: El Comité de Cuestiones de Actualidad recomienda al Comité Central que apruebe esta Declaración.

II. Nota sobre la situación en Tierra Santa tras el estallido de la segunda revuelta palestina

En un llamamiento del 9 de noviembre de 2000, las trece iglesias ortodoxas y ortodoxas orientales, católicas y protestantes de Jerusalén expresaron su convicción de que:

"La Iglesia cree que un pueblo ocupado tiene no sólo el derecho sino el deber de luchar contra la injusticia para alcanzar la libertad, aunque cree asimismo que los medios noviolentos de lucha son siempre más fuertes y mucho más eficaces. En este sentido, ambas partes deben mostrar la fortaleza necesaria, en sus espíritus y en sus mentes, para mirar al corazón del conflicto y hacer que el pueblo palestino pueda alcanzar al fin su plena libertad dentro de su propio Estado.en situación de estabilidad. Es urgente aplicar ahora los principios de legitimidad internacional exigiendo la observancia de las resoluciones vinculantes de las Naciones Unidas. Esa fortaleza es una sabia señal de previsión y un requisito previo indispensable para una paz duradera.” (Tomado de “A faithful Appeal”, 9 de noviembre de 2000)
El Comité Central expresa su profunda tristeza y preocupación ante la nueva escalada de violencia en los territorios palestinos autónomos y ocupados, así como en Israel, en los últimos cuatro meses, que se ha cobrado un terrible tributo de vidas humanas, especialmente entre niños y jóvenes palestinos. Ofrece sus condolencias a todos los afligidos y desconsolados y da a los jefes de las iglesias y comunidades cristianas de Jerusalén la seguridad de sus oraciones constantes y de su solidaridad por cuanto llevan en sus corazones y sus mentes el sufrimiento de sus comunidades y de todos aquellos palestinos e israelíes que padecen las consecuencias de este conflicto.

Compartimos la frustración y decepción de nuestros hermanos y hermanas palestinos. Nos perturba profundamente y condenamos la práctica de discriminación, humillación rutinaria, segregación y exclusión que restringe la libertad de movimientos de los palestinos, incluido el acceso a los Santos Lugares, y que conlleva el uso desproporcionado de la fuerza militar por Israel, la privación de asistencia médica en el momento preciso, la destrucción de bienes, entre ellos decenas de millares de olivos, y que requiere un permiso especial para que los palestinos puedan entrar en zonas bajo jurisdicción de Israel e impone la "cantonización" de la tierra, fragmentando la tierra palestina según una práctica que recuerda mucho la política condenada por el CMI en tiempos pasados.

Apremiamos por consiguiente a las iglesias miembros del CMI a que redoblen sus esfuerzos para condenar la injusticia y toda forma de discriminación, para que se ponga fin a la ocupación israelí, a que oren y actúen en favor de una paz general y justa en Oriente Medio. Para dar una buena base informativa y ayudar a esos esfuerzos, recomendamos a las iglesias la información de referencia presentada a esta reunión para su estudio y para la adopción de medidas urgentes.

Instamos al secretario general y al personal del Consejo a:

RECOMENDACIÓN: El Comité de Cuestiones de Actualidad recomienda al Comité Central que apruebe esta Nota.

OTRAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON CUESTIONES DE ACTUALIDAD

III. Nota sobre Colombia

Los Estados Unidos de América han aprobado y están ejecutando su "Plan Colombia". Este plan, que incluye el suministro de equipo militar adicional y la realización de actividades en territorio colombiano, fue denunciado por el Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI) en su asamblea celebrada en Barranquilla (Colombia) del 14 al 19 de enero de 2001. El plan ha sido denunciado también en la "Carta de los excluidos" redactada por organizaciones no gubernamentales en América Latina y enviada a las Naciones Unidas el pasado año.

Las iglesias latinoamericanas consideran que este plan atiza la violencia en la situación ya crítica de Colombia y que hay un grave peligro de extensión del conflicto a otros países latinoamericanos. De hecho, los países vecinos están desplegando ya fuerzas militares en sus fronteras con Colombia. En consecuencia, el número de refugiados y personas desplazadas ha crecido desmesuradamente. En el año 2000 hubo 38.000 muertes violentas y miles de desaparecidos, mutilados o desplazados de sus hogares. Las comunidades afrocolombiana e indígena han sido las más afectadas.

Las iglesias de Colombia están dialogando con iglesias hermanas de otras partes del mundo, entre ellas las de los Estados Unidos, para informarlas sobre la situación y llevar a cabo iniciativas conjuntas de defensa y solidaridad. El secretario general del Consejo Nacional de Iglesias de Cristo de los Estados Unidos encabezó recientemente una delegación que visitó Colombia para comprobar la expansión de la violencia y buscar formas de apoyo a las iglesias de Colombia y de la región.

Convencido de que la ayuda militar no contribuye a la causa de la paz, el Comité Central se une a la Asamblea del CLAI en su oposición a este Plan. Expresa su solidaridad con el pueblo de Colombia, en especial con las familias de los muertos, mutilados, desaparecidos o desplazados, y con las iglesias colombianas que trabajan por la paz. Insta al personal del Consejo a intensificar sus esfuerzos en favor de una paz negociada para poner fin a decenios de violencia en Colombia.

RECOMENDACIÓN: El Comité de Cuestiones de Actualidad recomienda al Comité Central que apruebe esta Nota.

IV. Nota sobre Chipre

Reunido en la Alemania reunificada, el Comité Central recuerda que fue durante su reunión en Berlín, en agosto de 1974, cuando las fuerzas armadas turcas invadieron Chipre, provocando el éxodo de más de 250.000 personas de sus tierras y ocuparon el 37 por ciento de su territorio. Reiteramos los llamamientos del Consejo Mundial de Iglesias en favor de la justicia, la paz, la reconciliación y la reunificación de Chipre, y damos al pueblo y a la Iglesia de Chipre la seguridad de nuestras constantes oraciones para que este largo conflicto concluya pronto con un arreglo negociado que elimine este último muro de separación en Europa.

RECOMENDACIÓN: El Comité de Cuestiones de Actualidad recomienda al Comité Central que apruebe esta Nota.

V. Nota sobre Indonesia

El Comité Central del Consejo Mundial de Iglesias observa con gran pesar y aflicción que la violencia intercomunal en la región de las Molucas, que se desencadenó en enero de 1999 ha producido más de 5.000 muertes, 500.000 personas desplazadas y provocado daños materiales cifrados en miles de millones de rupias. La confianza entre las comunidades musulmana y cristiana ha resultado gravemente perjudicada. Aunque periódicamente se han concertado entre ambas comunidades ceses de hostilidades y moratorias de actos de violencia, su duración ha sido breve y se ha reanudado el combate con espíritu de venganza. A menudo las fuerzas indonesias de seguridad no han querido o no han podido cumplir su cometido, y en más de una ocasión no han puesto fin a la violencia ni puesto a sus causantes en manos de la justicia. De hecho, hay pruebas claras de que militares y policías indonesios han participado directamente en algunos de esos ataques. Hasta ahora, las autoridades nacionales no han tomado medida disciplinaria alguna contra los autores de estos actos.

La situación se ha complicado con la entrada organizada del grupo islámico radical con base en Java llamado "Lashkar Jihad", miles de cuyos miembros se han dedicado a la "limpieza religiosa" sistemática de cristianos y a imponer conversiones religiosas forzadas. Este grupo ha sido armado y entrenado por una sección de las fuerzas armadas indonesias, y ha recibido también apoyo y aliento de políticos de Yakarta.

El Comité Central, reunido en Potsdam, del 29 de enero al 6 de febrero de 2001,

RECOMENDACIÓN: El Comité de Cuestiones de Actualidad recomienda al Comité Central que apruebe esta nota.


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