Aprobada

Antecedentes
El Comité Central del CMI aprobó una declaración sobre las personas desarraigadas en 1995, recalcando la situación cada vez más angustiosa de los refugiados y los migrantes en una época en que proliferan los conflictos en el mundo. En los últimos cinco años la situación ha empeorado mucho más. Las presiones de la mundialización y la persistencia de conflictos insolubles inducen a más y más personas a abandonar sus comunidades o sus países. De los 150 millones de personas que viven fuera de sus países de origen, sólo unos 17 millones son reconocidas como refugiados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) o por el Organismo de Obras Públicas y Socorro de la ONU para los Refugiados Palestinos en el Cercano Oriente (OOPS). De hecho, el número de refugiados reconocidos ha disminuido ligeramente en los últimos cinco años. Sin embargo, el número de personas desplazadas dentro de las fronteras de sus propios países ha aumentado enormemente, al poner los gobiernos más dificultades para que los refugiados encuentren seguridad en otros países. Su número se acerca ahora a 36 millones.

En todas las regiones del mundo el racismo y la xenofobia están en aumento. No se ve a los refugiados y migrantes como seres humanos desvalidos sino como amenazas, y los dirigentes políticos, apremiados por proteger los puestos de trabajo y las economías nacionales, los utilizan como chivos expiatorios. Las personas desarraigadas encuentran a menudo las fronteras cerradas cuando consiguen llegar a ellas, y con frecuencia son expulsadas si logran cruzarlas. En todas las regiones, los gobiernos tienden a detener o encarcelar a los solicitantes de asilo, como medio para disuadir a otros de seguir su camino. Quienes huyen desesperados de sus países son víctimas de los traficantes, y los migrantes son tratados cada vez más como delincuentes.

Asistencia a los refugiados
Las personas desarraigadas suelen recurrir a las iglesias en busca de ayuda, como lo han hecho durante siglos. Durante más de sesenta años, el Consejo Mundial de Iglesias ha sido un centro de coordinación para la acción de las iglesias. Incluso antes de su constitución en 1948, las iglesias relacionadas con el CMI (en proceso de formación) colaboraron ayudando a los refugiados a escapar de la Europa bajo ocupación alemana. Más tarde, estuvieron en la vanguardia en la búsqueda de soluciones para los desplazados a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y de la guerra de 1948 en Palestina. Abogaron por la creación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) con la que cooperaron estrechamente. En los últimos años del decenio de los sesenta, las iglesias miembros del CMI se unieron para hacer frente a las crisis de los refugiados en el continente africano a medida que las guerras de independencia y los conflictos políticos daban lugar a nuevas oleadas de refugiados. En los dos decenios siguientes, años setenta y ochenta, se generalizó el fenómeno de los refugiados, con oleadas masivas procedentes de Afganistán, Indochina, Sri Lanka, América Latina y el Caribe. En los años noventa, los conflictos en la ex Yugoslavia y más tarde en Chechenia dejaron claro que estos problemas distaban mucho de haber encontrado una solución en Europa. Muchas iglesias respondieron con generosidad y valentía a las necesidades de los refugiados. En estos casos, como había hecho desde el principio, las actividades del CMI en favor de los desarraigados incluían importantes esfuerzos de defensa de sus derechos.

Desplazados internos
Al mismo tiempo, las iglesias empezaron a comprobar que los problemas de desplazamiento iban mucho más allá de la preocupación tradicional por los refugiados. El número de personas desarraigadas por la violencia pero incapaces de salir de sus países era cada vez mayor. Huían por las mismas razones que los refugiados, y a menudo estaban más necesitadas de protección y asistencia, pero no había una institución internacional como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a la que pudieran pedir ayuda. Fue el CMI, en cooperación con el Comité Mundial Consultivo de la Sociedad de los Amigos, quien primero planteó en el plano internacional la cuestión de los desplazados internos, documentando sus necesidades en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Migrantes
Las necesidades de los migrantes, que generalmente salen " voluntariamente " de sus países por razones económicas, siempre se han considerado de forma diferente que las de los refugiados que huyen de la persecución. Pero en una era de mundialización, y de desigualdad creciente, es cada vez mayor el número de los marginados que simplemente ya no pueden sobrevivir en sus países. El derecho internacional hace una clara distinción entre refugiados, migrantes, desplazados internos y repatriados, mientras que el cometido de las iglesias es ocuparse de todas las personas que necesitan ayuda. De ahí que la declaración del CMI de 1995 se refiriera a los " desarraigados " abarcando a cuantos se ven obligados a salir de sus comunidades, cualquiera que sea la designación que les coloque la comunidad internacional.

Protección
En el plano internacional, las normas internacionales de protección son impugnadas desde diversos frentes:

• Los gobiernos que tratan de limitar el número de solicitantes de asilo que llegan a sus fronteras aplican interpretaciones cada vez más restrictivas del Convenio de Ginebra de 1951 sobre los Refugiados y su protocolo de 1967. Algunos mantienen que sólo puede concederse asilo a las personas perseguidas por sus propios Estados, rechazando a los perseguidos por agentes no estatales o a quienes viven en un país que carezca de estructura estatal.

• Aunque algunos gobiernos han admitido que las mujeres perseguidas por razón de su sexo tienen derecho a reclamar asilo, otros no reconocen la persecución por razón de sexo como motivo para la concesión de asilo. Según el Convenio de Ginebra de 1951 sobre los Refugiados, las decisiones sobre la concesión de asilo han de hacerse caso por caso, pero muchos gobiernos excluyen ahora sistemáticamente a categorías enteras de personas de los procedimientos de asilo. Algunos gobiernos han puesto en entredicho el derecho generalmente aceptado a la reunificación familiar, es decir el derecho de los refugiados reconocidos a traer sus familiares.

• Son cada vez más los gobiernos que sostienen que el propio Convenio ha de revisarse en atención a las crecientes oleadas de migrantes, lo que hace temer el consiguiente debilitamiento de las normas internacionales.

• El ACNUR se encuentra bajo presiones financieras crecientes que amenazan su capacidad de cumplir su mandato, y algunos gobiernos tienden a delegar en organismos la responsabilidad de las situaciones de urgencia que tienen como resultado el desplazamiento masivo de personas.

• Pese a más de 13 años de esfuerzos, las nuevas normas internacionales para la protección de los desplazados internos no tienen todavía la sanción oficial de las Naciones Unidas ni son aplicadas en la práctica.

• Diez años después de su aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas, no se ha alcanzado todavía el número necesario de ratificaciones para que entre en vigor la Convención Internacional de 1990 sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, y ninguno de los países que acogen a grandes números de migrantes ha firmado siquiera el Convenio.